lunes, 10 de octubre de 2011

El reto de ser candidato

A diario mucha gente que sigue mi labor en los medios de comunicación me pregunta si seré candidato en las elecciones de 2012. Algunos me invitan con entusiasmo a dar el paso. Otros me advierten con preocupación lo equivocada que puede resultar tal decisión. Por eso tomo este espacio para reflexionar sobre la responsabilidad de una candidatura en el Puerto Rico contemporáneo.

Un candidato es aquella persona que teniendo unas ideas y unos valores que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad, decide ingresar en el proceso político aspirando a un puesto electivo. En nuestro sistema, esto se hace a través de la nominación por un partido político. Así se conforma, luego de radicaciones y primarias, la oferta de hombres y mujeres que dirigirán la gestión pública desde la Gobernación, la Legislatura y las alcaldías.

La realidad es que en el Puerto Rico de 2011 la gestión política está bastante desprestigiada debido al creciente número de candidatos e incumbentes que buscan lucrarse de ella o hacerla un modus vivendi. Si a esto le añadimos el nivel de crudeza y canibalismo que se apodera de la competencia partidista, entonces no luce tan atractivo posponer una carrera académica o el éxito en los medios de comunicación para entrar en política.

En mi caso, tengo una respuesta diferente. La política es la actividad social desde la cual se puede hacer el mayor bien al mayor número de personas. No existe otra gestión social en la que se pueda impactar más vidas con una decisión. Por ello, la política bien hecha es una actividad edificante, necesaria para la aspiración de mejoramiento que debe mover a una sociedad.

Puerto Rico enfrenta graves problemas que amenazan su subsistencia como sociedad organizada. Entre ellos están: 1) el continuado deterioro económico y fiscal, producto en gran medida de malas decisiones de esta y pasadas administraciones gubernamentales; 2) el deterioro de la educación puertorriqueña que priva a futuras generaciones de las destrezas para tener éxito; 3) la criminalidad en aumento, que es el producto del enraizamiento del narcotráfico y la violencia; 4) la falta de acceso a una buena salud, como resultado de una visión lucrativa de este derecho; 5) una creciente pobreza que es el reflejo de varios de nuestros fracasos colectivos y 6) la reducción de la capacidad del gobierno para ofrecer soluciones y prestar buenos servicios.

Todos estos problemas plantean una enorme responsabilidad a quienes estén disponibles para posiciones electivas en los próximos comicios. La agenda económica debe enfocarse en la generación de empleos a todo nivel y no sólo en las ganancias de las compañías que se establezcan aquí. Nuestros jóvenes y profesionales no pueden seguir abandonando el País que invirtió en su preparación.

De igual forma, deberán atenderse los problemas de la adicción a drogas y narcotráfico que se tragan a miles de puertorriqueños y generan una violencia que siega en flor vidas prometedoras.

Tampoco podrá postergarse la necesidad de poner al día la escuela pública para que vuelva a ser el instrumento de igualdad que una vez fue. El Gobierno no puede seguir viéndose como un simple repartidor de acceso a negocios. El Gobierno debe volver a ser un instrumento de justicia que integre, con acceso y calidad, oportunidades de progreso para todas las familias.

Para el nieto de analfabetos e hijo de una generación de puertorriqueños que no llegaron a la universidad, que se educó exitosamente en la escuela pública primero y luego en Estados Unidos, gracias a una beca puertorriqueña y que sacó provecho del proyecto de justicia social que levantó a Puerto Rico, la respuesta a la pregunta de las candidaturas no puede ser un asunto de comodidad. Es un asunto de asumir su responsabilidad.

Es decidir si en el momento de mayor productividad de su vida, sigue mirando los toros desde la barrera, o se suma al esfuerzo para mejorar las cosas.

Después de esa reflexión, la contestación tiene que ser sí. Aspiraré al Senado por acumulación, por el Partido Popular Democrático.

lunes, 15 de agosto de 2011

Hora de patriotismo

El lunes 8 de agosto fue el peor día del cuatrienio para la administración Fortuño. Justo cuando comenzaban a sacar provecho de la mala fortuna de Barack Obama ante la degradación del crédito del gobierno estadounidense, la casa evaluadora Moody’s degradó el crédito de Puerto Rico y le asignó una perspectiva negativa.

La opinión pública está abrumadoramente de acuerdo en que las políticas económicas y fiscales adoptadas por Fortuño, en medio de la recesión, han sido dañinas. Ante esto, el mensaje oficialista se refugiaba en el argumento de que la “medicina amarga” había sido necesaria para salvar el crédito de Puerto Rico. El propio gobernador insinuaba que su gobierno podía dar lecciones al presidente Obama sobre cómo manejar la crisis fiscal. Tras la acción de Moody’s todo ese andamiaje mediático para convencernos de que Puerto Rico lo hace mejor, se derrumbó. No sólo la medicina amarga ha sido nefasta, sino que el crédito de Puerto Rico no está a salvo.

Las razones de Moody’s para bajarle la nota a Puerto Rico son: 1) el deterioro fiscal sostenido de los sistemas de retiro; 2) la debilidad de nuestra economía; y 3) unas finanzas públicas frágiles y acostumbradas a cuadrar presupuestos pidiendo prestado. En otras palabras, nada de lo que hemos hecho mal durante décadas cambió en los últimos tres años. De hecho, la casa evaluadora reconoce que la reforma de los sistemas de retiro tendrá un efecto negativo sobre nuestra economía y finanzas. Es decir, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Coherente con la estrategia de comunicación para su reelección, Luis Fortuño ha adoptado una postura de negación ante la crisis. Por todos lados el gobernador y sus funcionarios han negado que la degradación sea una mala noticia. Inclusive rehúsan reconocer que tendrá un efecto negativo sobre las posibilidades de una recuperación económica futura. Todo como parte de un esfuerzo para ocultar que su gestión ha empeorado la situación.

El problema de los sistemas de retiro parece el más apremiante. Actualmente enfrentan un déficit de $24 millones. Para atender la debacle, el gobierno ha propuesto aumentar la aportación patronal -más costos para el contribuyente, e inyectarle $162 millones anuales hasta llegar a $1,500 millones en 40 años. Todo lo cual ha sido evaluado como insuficiente por Moody’s.

Como era de esperarse, el anuncio de este fracaso gubernamental ha producido una dinámica de echar culpas y apuntar dedos, entre nuestra clase política. Fortuño culpa a la pasada administración por la crisis. Y los pasados administradores se defienden recordando que ellos gobernaban mientras el PNP controlaba la legislatura y aprobaba los presupuestos. Igualmente recuerdan que aquella legislatura se rehusó a aprobar legislación conducente a capitalizar los sistemas de retiro. En ese camino, muchos aprovechan para jugar al partidismo y obtener protagonismo.

La degradación del crédito y la insolvencia de los sistemas de retiro del gobierno, son los peores problemas a que se enfrenta Puerto Rico. Por eso deben ser la prioridad de presentes y futuros gobernantes. No se puede seguir perdiendo tiempo en culpas. En el fondo, hace tiempo el pueblo adjudicó las culpas.

Hay que tomar decisiones difíciles. Tales decisiones terminarán afectando a los que menos culpa tienen y por tanto tendrán un alto costo electoral. Por eso es tan difícil tomarlas. Pero resulta inevitable hacerlo. Sin soñar con mundos de fantasía en que los intereses políticos se desliguen de la discusión, hay que moverse rápida y desprendidamente. Hay que actuar fuera del juego de suma cero de nuestra política.

Urge crear un espacio institucional en que los dos partidos que gobiernan lleguen a acuerdos que trasciendan el resultado electoral de 2012. Las decisiones a tomar serán aún más difíciles si no se producen dentro de un ambiente de consenso partidista. Este consenso facilitará obtener el apoyo del pueblo a medidas que conllevarán apretarnos aún más el cinturón. Convendría también que el ajuste del cinturón incluya a los políticos, por aquello de predicar con el ejemplo. Dicho sin ambages, es momento de practicar el patriotismo.

martes, 9 de agosto de 2011

Desde la cabina de WKAQ: Crisis económica Estados Unidos

Degradan crédito de Puerto Rico

domingo, 7 de agosto de 2011

Así es Thomás Rivera Schatz 5

sábado, 6 de agosto de 2011

Crisis fiscal en Estados Unidos

lunes, 4 de julio de 2011

Estamos perdiendo la guerra

El revuelo que causó el arresto de personajes distinguidos de la sociedad puertorriqueña, presuntamente implicados en los nefastos entramados del narcotráfico, dejan al descubierto una realidad mucho más cruda que la simple notoriedad de sus nombres.

Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.

La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.

Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.

Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.

Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.

Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.

Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.